A través de videoconferencia se reunió el Consejo Federal de la Niñez

En este contexto, los consejeros señalaron que a pesar de las dificultades que enfrentan los Estados Nacional y Provinciales en este contexto de emergencia, las mismas no deben considerarse como un impedimento para la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.Los consejeros también advirtieron que debe asegurarse que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes, ni reemplace la interacción alumno-maestro, ya que este tipo de aprendizaje plantea desafíos para los niños que tienen acceso limitado o nulo a la tecnología o Internet o, que no cuentan con el apoyo adecuado de los padres. Para ellos debería estar disponibles soluciones alternativas para que estos niños se beneficien de la orientación y el apoyo brindado por los maestros.También se solicitó activar medidas inmediatas para garantizar que los niños reciban alimentos nutritivos durante el período de emergencia, ya que muchos niños reciben su única comida nutritiva a través de esquemas de alimentación escolar. Además de mantener la provisión de servicios básicos, incluyendo atención médica, agua, saneamiento y registro de nacimientos.En cuanto a los niños que viven en instituciones o que están privados de su libertad, si bien las medidas restrictivas pueden considerarse necesarias a corto plazo, durante largos períodos tendrán un marcado efecto negativo en ellos. Por esto se debe permitir a los niños en todo momento, mantener contacto regular con sus familias, y si no puede ser en persona, a través de comunicación electrónica o telefónica.Por último, el Consejo exhorta a brindar oportunidades para que las opiniones de los niños sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre la pandemia, y pidió explorar la posibilidad de soluciones alternativas y creativas para que los chicos disfruten de sus derechos de descanso, ocio, recreación y actividades culturales o artísticas.El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia fue creado por la Ley 26061, como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tiene por objeto concertar y efectivizar políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, y participar en la elaboración, coordinadamente con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), de un plan nacional de acción como política de derechos para el área.