Di Giacomo quiere declarar la emergencia productiva y crediticia, y aliviar a pequeños deudores 

A través de la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras, el diputado propone la declaración de la emergencia productiva y crediticia y el establecimiento de un régimen especial “para que los pequeños deudores puedan reorganizar su actividad, recuperar sus ingresos, lograr un punto de equilibrio y reestructurar sus deudas”.

El diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, presentó ayer un proyecto de ley en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

“En el contexto de crisis que atraviesa el país, puesto de manifiesto con la sanción de la Ley de Solidaridad Social el diciembre pasado y agravada por la pandemia COVID-19, se prevé que haya una situación económica en la que se den quiebras y concursos masivos, con las consiguientes pérdidas de puestos de trabajo y la disminución de la actividad económica” explicó.

En este sentido, los dos ejes principales del proyecto proponen, por un lado, declarar la emergencia productiva y crediticia que incluya el dictado de medidas correspondientes a fin de dar alivio y apoyo a los deudores actualmente concursados, o que se concursen en el contexto de la crisis, para evitar la masificación de las quiebras.

Por otro lado, la incorporación de un régimen especial para proteger a los pequeños deudores a través de dos nuevos remedios concursales especiales.

“Se deben incorporar procedimientos a medida, que sean flexibles, con menores costos, que les sirva no solo para ingresar al proceso de concurso, sino también durante su desarrollo y para salir del mismo”, indicó.

El régimen especial comprende a consumidores, comerciantes, profesionales, artesanos, emprendedores, micro y pequeños empresarios y empresas. En el mismo se flexibilizan y abaratan los requisitos de los trámites de concursos y se propone un procedimiento de liquidación sin quiebra para personas humanas.

Además, el proyecto propone la incorporación la figura de “dinero fresco”, que refiere a una financiación que permita dotar de liquidez al concursado y la suspensión de los convenios colectivos de trabajo en el plazo en que el concursado negocia el acuerdo con los acreedores y con posibilidad de negociar un convenio de crisis.