08/04/2016

Juzgan a efectivos policiales de Beltrán por presuntas severidades y tortura

Comenzó este jueves el juicio oral contra tres efectivos policiales que prestaban servicio en la Comisaría N° 19 de Luis Beltrán y que están procesados por presuntos hechos de severidades y torturas.Las víctimas habrían sido dos menores de edad que fueron detenidos en la madrugada del 5 de mayo de 2012 en la mencionada localidad.El debate se realiza ante los jueces de la Cámara Criminal Segunda de la Segunda Circunscripción Judicial, Sandro Gastón Martín, María Evelina García Balduini y Laura Pérez (subrogante), con la intervención de la Fiscal de Cámara Graciela Echegaray. Los efectivos policiales cuentan con la defensa de abogados particulares.Sobre el imputado Oscar López pesa una acusación por el delito de severidades del que habría sido víctima uno de los menores de edad. En tanto que el imputado Rodrigo Masson Gorordo llegó a juicio procesado como presunto autor del delito de severidades respecto de uno de los menores de edad y de torturas con respecto al otro. Misma acusación pesa sobre la imputada Johana Cecilia Berthe.De acuerdo con la acusación fiscal que se leyó en el inicio de la audiencia, uno de los jóvenes habría sufrido golpes y manifestaciones agraviantes por parte de los efectivos luego de ser arrestado en el marco de una contravención por una pelea en la vía pública, y el otro habría sido esposado y luego golpeado en el interior de la cocina de la comisaría, donde también habría sido sometido a una serie de descargas eléctricas efectuadas con una picana.En la audiencia el imputado López prestó declaración indagatoria en su defensa, mientras que la coimputada Berthe se remitió a lo declarado en la instancia de Instrucción y su par Masson Gorordo se abstuvo de declarar.Tras un cuarto intermedio el Tribunal escuchó las declaraciones testimoniales de la presunta víctima de severidades y de su madre. La audiencia continúa este viernes a las 8:30 con la recepción de más testimonios.Disposiciones legalesEl artículo 144 bis del Código Penal reprime con “prisión o reclusión de 1 a 5 años e inhabilitación especial por doble tiempo” al “funcionario público que impusiere a los presos que guarde, severidades, vejaciones o apremios ilegales”.En tanto que el artículo 144 ter. prevé la pena de “reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua” para “el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura”. La norma aclara que “Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho”.

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